Consideraciones éticas y legales
La movilidad en el ámbito empresarial ha traído consigo la necesidad de plantear nuevos modelos de gestión. Las herramientas MDM (Mobile Device Management) permiten, por ejemplo, permiten instalar y actualizar sistemas operativos y aplicaciones, incluso encapsular su utilización en redes aisladas, así como rastrear dispositivos por GPS, o detectar y notificar cuando un dispositivo está en riesgo, o bloquear o eliminar su contenido remotamente. También permiten incorporar mecanismos de gestión de identidades y accesos (IAM) forzando, por ejemplo, la aplicación de políticas concretas de gestión de contraseñas. Incluso se pueden activar antivirus, control de acceso NAC o servicios de seguridad en la nube.
Y aquí llega el dilema: disponer de mecanismos que permitan acceder a los dispositivos móviles corporativos resulta de vital importancia, pero... ¿es lícito acceder al contenido del dispositivo? ¿Es legal monitorizar su geolocalización? ¿Se pueden supervisar las actividades de los usuarios? Sí, en principio, si previamente se ha notificado a los empleados sobre el uso y control que la compañía puede ejercer cuando les cede equipos que son de su propiedad y sobre el tipo de tratamiento de datos que se llevará a cabo. Y, por supuesto, debe darse un total cumplimiento de la normativa vigente en materia de privacidad de datos.
No es, en definitiva, un tema sencillo. Y menos ahora que también es posible implementar sistemas Out of Band, que permiten controlar los dispositivos incluso cuando están apagados. Un aspecto a considerar, además, porque afecta al fabricante e implica prácticamente un control absoluto sobre el equipo. Por ejemplo, Intel proporciona su solución Intel vPro; Apple, por su parte, ofrece servicios LOM (Lights Out Management) para el encendido y apagado de sus equipos utilizando certificados digitales.
En cualquier caso, nadie duda que el teletrabajo es una opción esencial para cualquier organización, y que la seguridad es un aspecto clave no sólo para evitar pérdidas de información y reputación, sino también para garantizar el cumplimiento normativo.